Santiago de Chile, 18 mar. 2012, Tribuna Popular TP/Red Diario Digital.-
Un grupo de dirigentes sociales y políticos del Partido Comunista,
encabezados su Presidente, diputado Guillermo Teillier, acusó al
gobierno de estar aplicando terrorismo de Estado a través de
allanamientos, torturas de detenidos y la invocación de la Ley de
Seguridad del Estado contra la movilización social en Aysén y otras
regiones del país.
Junto al parlamentario estuvieron en el encuentro con los
periodistas, Claudia Pascual, concejal de Santiago, Lorena Pizarro,
presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
Silvia Valdivia, dirigente nacional del Colegio de Profesores; Karol
Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas, Camila
Vallejo, vicepresidenta de la Fech; Claudina Núñez, alcaldesa de Pedro
Aguirre Cerda; Daniel Jadue, candidato a alcalde de Recoleta; Camilo
Ballesteros, candidato a alcalde de Estación Central; Carlos Valdés,
candidato a alcalde de Catemu, Bárbara Figueroa, dirigente del Colegio
de Profesores y “Lulo” Arias, dirigente de la JJCC.
En su introducción, el diputado Teillier manifestó: “La verdad es que
voy a hablar muy brevemente porque lo ideal es que hoy hablen aquí
principalmente mujeres, dirigentes sociales como políticas. Yo sólo
decir que tanto la juventud comunista, representada en este acto, como
el Partido Comunista, las mujeres de nuestros partido, dirigentes
sociales, también candidatos a alcaldes –hay varios aquí- queremos hoy
día decir una voz a las pobladoras y pobladores de Aysén.
A nosotros nos parece que la aplicación de la Ley de Seguridad del
Estado es una aberración política, jurídica, social y de todo punto de
vista porque aplicar la ley de seguridad del Estado no corresponde en
este caso.
Cuando se dictó esta ley, su objetivo era proteger al Estado como tal
cuando se ponía en peligro su existencia. Y si nosotros observamos lo
que está ocurriendo en Aysén –no soy abogado pero cualquiera puede
asegurar- que aquí nadie está atentando contra el Estado de Chile, nadie
ha obrado contra el Estado, ni siquiera contra los poderes
constituidos, contra el Presidente o contra el ministro del Interior o
contra el poder legislativo o judicial. Entonces es la aplicación de una
ley que no corresponde porque es una ley eminentemente de carácter
político y lo que se pretende es atemorizar a los pobladores,
amenazarlos, separar a los dirigentes de personas que legítimamente
protestan y se quiere –además- dar un ejemplo en relación a todas las
regiones del país.
El tema de las regiones es un tema país porque no es sólo un problema
de este gobierno, es de todos los gobiernos porque es un problema de
Estado no hay una política hacia las regiones extremas: las
trabajadoras, los trabajadores, la gente que vive allí está muy
desmedrada respecto al resto del país. Ahí se ha producido en Aysén una
protesta legítima como en Punta Arenas, como seguramente va a ser en
Calama y otras que se puedan producir en otras zonas.
Lo que nosotros planteamos, proponemos es que se conforme un diálogo
nacional, este puede darse en el parlamento o donde el gobierno quiera
iniciar un diálogo para buscar soluciones respecto a las zonas extremas
de nuestro país para resolver los problemas se se arrastran año a año”,
concluyó el parlamentario comunista.
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