AMARC-México y la WACC condenan la amenaza contra la emisora Tierra y Libertad.
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo y preocupación ante la denuncia penal que interpuso la Secretaría de Gobernación a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos en contra de los integrantes de la emisora comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León, mediante la utilización de la Ley General de Bienes Nacionales que implica castigo de cárcel hasta por 12 años y multa de aproximadamente 15 millones de pesos.
La comunidad Tierra y Libertad instaló una radio comunitaria que operaba desde hace siete años para dotar de información sobre servicios, derechos humanos, salud y asesoría jurídica civil, entre otros temas. Solicitaron formalmente el permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el 2002, lo cual ratifica la voluntad de legalidad de la emisora. El 6 de junio de 2008 la radio fue cerrada de manera violenta por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, sin que se observara un debido proceso, tal como que el ministerio público que atestiguó los hechos, se negara a dejarles copia de la orden de cateo, así como del acta administrativa que están obligadas las autoridades a realizar.
La utilización de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, la ley federal de radio y televisión, muestra un endurecimiento y el inicio de una política más represiva y persecutoria en contra de las emisoras comunitarias en el país y es un grave retroceso en materia de derechos humanos. Esta persecución penal en contra de integrantes de la radio comunitaria constituye un agravio a sus derechos y una forma de inhibir el ejercicio del derecho a la comunicación de una comunidad marginal de Monterrey, la utilización de la legislación penal resulta excesiva, desproporcional e innecesaria para los fines que se buscan dado que existen otros medios tales como los administrativos.
La libertad de expresión no debe estar enmarcada en el ámbito de la justicia penal. Criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía es un grave atentado contra el Estado Democrático de Derecho, conforme lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Iniciar procedimientos penales en contra de quienes ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión es criminalizar el ejercicio de una prerrogativa fundamental que tiene todo ser humano.
Las organizaciones internacionales que defienden el derecho a la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, así como organizaciones nacionales que defienden los derechos humanos tales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, acompañaron a Héctor Camero, miembro de la comunidad Tierra y Libertad al citatorio que hizo el ministerio público por la acusación que hizo la Segob por el delito de uso, explotación y aprovechamiento de un Bien Nacional sin el permiso correspondiente.
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