¡Estado Palestino Ya! Un Camino Hacia la Paz

Palestina: la próxima nación del mundo

Sobre el encuentro entre el Movimiento por la Paz y calderón en Chapultec

Nuevo vocabulario ciudadano frente a la violencia

Mariana Mora

Resulta inevitable asociar el intercambio de la semana pasada que se dio entre Javier Sicilia, las demás víctimas de la violencia y Felipe Calderón con otro acto de trascendencia nacional, el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal en San Andrés S’akamchen de los Pobres. Las condiciones actuales son muy distintas a 1996, y sin embargo de ambos diálogos se desprenden dos aprendizajes que vale la pena resaltar.

El primero, la gran distancia del gobierno y la esfera de la política oficial frente a las experiencias y los reclamos de la población. En San Andrés, el gran esfuerzo que el EZLN y sus asesores le dedicaron a hablar, interpretar y traducir la realidad de los pueblos originarios, sensibilizó a una sociedad que había olvidado a los pueblos indígenas, pero el gobierno se mostró incapaz de escuchar, renuente a ver al otro como igual, con tal perfidia que aún no se cumplen los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas.

Esa misma intransigencia reflejó la mirada de Felipe Calderón en Chapultepec, que hizo del dolor un informe de gobierno, que convirtió preguntas legítimas en un simulacro de rendición de cuentas, que respondió a la exigencia de justicia justificando el ataque frontal contra el crimen organizado y eludiendo los reclamos legítimos de las víctimas al echarle la culpa a agentes estatales y municipales o a gobiernos del pasado. Reiteró que la estrategia de guerra no es negociable.

El intercambio que mejor evidenció lo imposible del encuentro se dio entre Calderón y Salvador Campanur, de Cherán, Michoacán, pueblo que desde hace meses se protege y protege sus bosques de la tala de árboles por parte del crimen organizado, con mecanismos de autodefensa propios de los pueblos purépechas. Salvador describió la situación actual como parte de una larga política de exterminio, que si bien ahora llega al clímax porque el crimen organizado está pelando la montaña al grado de dejarla irreconocible, tiene una larga historia de represión, racismo y saqueo por parte de empresarios, paramilitares y políticos porque, a la agresión del Estado y sus cuerpos represivos, se suma una criminalidad que cuenta siempre con el cobijo de las autoridades y la impunidad del sistema de justicia.

La emergencia que vive su pueblo y la mayoría de los pueblos indígenas en el país tiene que ver con la sobrevivencia de la gente, con un peligro inminente a perder la vida humana y la vida social y cultural de sus comunidades. Frente a la compleja realidad dibujada por Salvador, la estrategia mediática del Presidente fue responder en purépecha que juntos trabajaremos para resolver el problema y enfatizar que también le preocupan muchos los bosques de su tierra natal, por eso ha peleado por fortalecer a la policía forestal.

Si el simulacro del gobierno para entablar un diálogo es una dura lección, hay otro aprendizaje que nos llena de nuevo aliento: la capacidad de la sociedad civil de crear espacios de diálogo donde emergen lenguajes novedosos y dinámicos que permiten imaginar otras formas de actuar, otros caminos y futuros posibles. En San Andrés la burla al diálogo por parte de los representantes del gobierno contrastó con las dinámicas entre el equipo de asesores del EZLN y debates en los encuentros de la sociedad civil. En Chapultepec, las intervenciones de las y los portavoces de miles de víctimas de esta guerra apuntaron hacia otro vocabulario, arma necesaria para buscar salidas a este aparente callejón del encierro. Aportaron letras nuevas al alfabeto social.

Separaron lo admisible de lo inadmisible. Expusieron enfáticamente que son ellos, las familias agraviadas de las víctimas, quienes se plantan dignamente ante los criminales y ante la omisión y colusión de las autoridades para declarar ya no queremos más muertes. Expresaron lo que consideran adecuado y lo que es inadecuado. Fueron ellos y los que nos sumamos al reclamo quienes establecemos el criterio que distingue lo aceptable de lo inaceptable.

Julián LeBarón aportó otro elemento a la construcción de un nuevo sentido común, el reclamo por todas las víctimas: todos los muertos son nuestros, todos nos confrontan al fracaso del modelo social en el que sobrevivimos día a día. Ustedes nos dirán que esas víctimas son criminales, pero hay que ver quiénes fueron estas víctimas, dónde vivieron, bajo qué condiciones, en qué les fallamos. Vean bien nuestros rostros. Escuchen bien nuestras palabras. ¿Parecemos bajas colaterales, criminales?

Por último, las palabras de Norma Ledezma agregaron otro componente a este nuevo imaginario público, dotando de contenido la palabra justicia, al explicitar que no se puede construir la justicia sepultando el pasado. La justicia se inicia con una afirmación colectiva que asume a todos los muertos como nuestros, establece un mandato, un ¡ya basta!, y afirma criterios para que lo que sucede simple y sencillamente no siga sucediendo. Este vocabulario, producto de los encuentros y diálogos entre víctimas, sirve como una plataforma inicial para asumir los retos que tenemos por delante.

Este texto fue elaborado mediante un proceso colectivo de la Red de Feminismos Descoloniales

"Ustedes nos dirán que muchas de esas víctimas (40 mil) son criminales. Sin embargo, nosotros les decimos que aunque lo fueran, porque nadie nace criminal, son también víctimas que hay que reconocer para saber de dónde provienen y qué no les dio el Estado, y qué no les dimos la sociedad, para haber fracturado sus vidas".

Javier Sicilia.

Por la libertad de expresión y en apoyo a Isaín Mandujano y Angeles Mariscal

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de la República

Lic. Francisco Blake Mora

Secretario de Gobernación

Lic. Juan José Sabines Guerrero

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la CNDH

Navanethem Pillay

Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU

Sr. Ambeyi Ligabo

Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU

Margaret Sekaggya

Relatora Especial de la ONU sobre Defensores

de los Derechos Humanos

Santiago A. Cantón

Secretario Ejecutivo de la CIDH

Souhayr Belhassen

Presidente de la FIDH

Ana Hurt

Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional

A CENTROS Y REDES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

EXIGIMOS DERECHO IRRESTRICTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MÉXICO

Los abajo firmantes, ONGs, Organizaciones Sociales y ciudadanas-os de Chiapas y de México queremos expresar y hacer pública, nuestra preocupada indignación por los hechos de hostigamiento, cada vez más frecuentes, ejercidos en contra de los periodistas Ángeles Mariscal (excorresponsal de la Jornada y actua corresponsal de la cadena CNN) y, sobre todo, en contra de Isaín Mandujano (corresponsal de la revista Proceso).

Chiapas es una entidad donde la violación al Derecho a la Información se da diariamente de forma por demás sutil, a través de un control absoluto de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, en particular, de la prensa impresa. Salvo honrosas excepciones, los periódicos y revistas estatales se encuentran plagados de propaganda, boletines y comunicados oficiales de prensa, disfrazados de “noticias”, a través de las cuales realizan una verdadera labor de desinformación y manipulación, pintándole a la opinión pública una situación social que se encuentra totalmente lejos de la realidad.

Inclusive periódicos críticos de distribución nacional, como La Jornada, han caído en el juego de publicar frecuentemente boletines oficiales del gobierno de Chiapas, como si fueran “noticias” y “reportajes” escritos -según- “por la Redacción”.

Subsidios, pago generoso de publicidad oficial y “regalos”, parecen ser los eficaces mecanismos para ejercer tal control.

De acuerdo a testimonios de periodistas honestos y críticos, en Chiapas les pagan por no publicar. Las notas y reportajes críticos en los que estos periodistas denuncian la situación real prevaleciente en la entidad, son recibidos y pagados por sus medios, pero –la inmensa mayoría de las veces- no son publicados.

En ese contexto, varios de estos periodistas críticos y objetivos, han encontrado en las llamadas Redes Sociales, un medio libre para difundir denuncias e información acerca de la realidad chiapaneca. Y sobre de ellos-as se han desatado intentos de represión directa, como fue el caso de Héctor Bautista, activista del software libre, a quien burdamente se le sembraron “pruebas”, por las que pasó 40 días preso, acusado de liderear una “banda dedicada a la pornografía infantil”, siendo finalmente absuelto y liberado gracias a la denuncia y presión social.

Hoy día un caso semejante de represión y de atentado contra la Libertad de Expresión y en contra del Derecho a la Información, se presenta contra el periodista Isain Mandujano Camacho, quien recientemente ha sido señalado en un boletín de la Procuraduría estatal, como co-autor intelectual en una investigación abierta “por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas, derivado de la agresión que sufriera durante las primeras horas del pasado domingo (19 de junio) el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann”.

Ante estos hechos,

EXIGIMOS

1º. Respeto irrestricto por parte del gobierno de Chiapas, a la Libertad de Expresión y del Derecho a la Información, consagrados tanto en los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución Política; en los Arts. 18º y 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; como en los Arts. 18º y 19º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en el Art. 13º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

2º. Cese inmediato de toda acción de hostigamiento, amenazas y presión, ejercida contra periodistas y comunicadores que difundan –por medios de comunicación masiva y/ó redes sociales de Internet- denuncias e información crítica sobre la realidad social del estado de Chiapas.

y

3º. Se realice una investigación judicial honesta, objetiva, transparente y pública, relativa al caso del Sr. Jacobo Elnecavé Luttmann, sin pretender efectuar una siembra de pruebas en contra del periodista Isaín Mandujano Camacho.

A T EN T A M E N T E

Organizaciones

Agencia Informativa IK Balam (México, DF)

Colectivo 99.1 Frecuencia Libre de San Cristóbal (Chiapas)

Colectivo de Organizaciones en defensa del Patrimonio Natural y Cultural de San Cristóbal (Chiapas)

Colectivo Feminista Mercedes Olivera, AC (COFEMO) (Chiapas)

Colectivo La Puerta Negra (Chiapas)

Comité Nacional para la defensa y Conservación de los Chimalapas (México, DF)

Cooperativa Jolom Mayaetik (Chiapas)

Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, AC (EAPSEC) (Chiapas)

Fraternidad para el Desarrollo Social A. C (México, DF)

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A. C (COLEM) (Chiapas)

Kinal antsetik, A.C. (Chiapas)

Maderas del Pueblo del Sureste, AC (Chiapas)

Melel Xojobal AC (Chiapas)

MOCRI CNPA (Chiapas)

OCEZ Región Carranza (Chiapas)

Proyecto Carta Mesoamericana (México, DF)

Red de Defensores Comunitarios (Chiapas)



Ciudadanas-os

Alejandro Mosqueda (Chiapas)

Araceli Burguete Cal y Mayor (Profesora-investigadora CIESAS-Sureste)

Gabriel García Salyano (Chiapas)

Guillermo Antonio Pérez García (México DF)

Héctor Javier Sánchez (Investigador de Ecosur) (Chiapas)

Itzel Silva Monroy (Guerrero)

Karla Michell Solórzano Rodriguez (Pasante de Derecho – UIA México DF)

Luis Alberto García Aguirre (México DF)

Maritza Kramsky (Chiapas)

Martha Gpe. Figueroa Mier (Chiapas)

Mercedes Osuna (Chiapas)

Miguel Angel García Aguirre (Chiapas)

Natasha von Berner (Pasante de Diseño – UIA México DF)

Obed Hernández de León (Chiapas)

Pedro García Mireles (Chiapas)

Silvia Vázquez Díaz (Chiapas)

Ccp.- Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno

Ccp.- Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Ccp.- Lic. Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del estado de Chiapas

Ccp.- Senadora Rosario Ibarra - Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Ccp.- Consejo Estatal de Derechos Humanos