06 julio, 2011

Sobre el encuentro entre el Movimiento por la Paz y calderón en Chapultec

Nuevo vocabulario ciudadano frente a la violencia

Mariana Mora

Resulta inevitable asociar el intercambio de la semana pasada que se dio entre Javier Sicilia, las demás víctimas de la violencia y Felipe Calderón con otro acto de trascendencia nacional, el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal en San Andrés S’akamchen de los Pobres. Las condiciones actuales son muy distintas a 1996, y sin embargo de ambos diálogos se desprenden dos aprendizajes que vale la pena resaltar.

El primero, la gran distancia del gobierno y la esfera de la política oficial frente a las experiencias y los reclamos de la población. En San Andrés, el gran esfuerzo que el EZLN y sus asesores le dedicaron a hablar, interpretar y traducir la realidad de los pueblos originarios, sensibilizó a una sociedad que había olvidado a los pueblos indígenas, pero el gobierno se mostró incapaz de escuchar, renuente a ver al otro como igual, con tal perfidia que aún no se cumplen los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas.

Esa misma intransigencia reflejó la mirada de Felipe Calderón en Chapultepec, que hizo del dolor un informe de gobierno, que convirtió preguntas legítimas en un simulacro de rendición de cuentas, que respondió a la exigencia de justicia justificando el ataque frontal contra el crimen organizado y eludiendo los reclamos legítimos de las víctimas al echarle la culpa a agentes estatales y municipales o a gobiernos del pasado. Reiteró que la estrategia de guerra no es negociable.

El intercambio que mejor evidenció lo imposible del encuentro se dio entre Calderón y Salvador Campanur, de Cherán, Michoacán, pueblo que desde hace meses se protege y protege sus bosques de la tala de árboles por parte del crimen organizado, con mecanismos de autodefensa propios de los pueblos purépechas. Salvador describió la situación actual como parte de una larga política de exterminio, que si bien ahora llega al clímax porque el crimen organizado está pelando la montaña al grado de dejarla irreconocible, tiene una larga historia de represión, racismo y saqueo por parte de empresarios, paramilitares y políticos porque, a la agresión del Estado y sus cuerpos represivos, se suma una criminalidad que cuenta siempre con el cobijo de las autoridades y la impunidad del sistema de justicia.

La emergencia que vive su pueblo y la mayoría de los pueblos indígenas en el país tiene que ver con la sobrevivencia de la gente, con un peligro inminente a perder la vida humana y la vida social y cultural de sus comunidades. Frente a la compleja realidad dibujada por Salvador, la estrategia mediática del Presidente fue responder en purépecha que juntos trabajaremos para resolver el problema y enfatizar que también le preocupan muchos los bosques de su tierra natal, por eso ha peleado por fortalecer a la policía forestal.

Si el simulacro del gobierno para entablar un diálogo es una dura lección, hay otro aprendizaje que nos llena de nuevo aliento: la capacidad de la sociedad civil de crear espacios de diálogo donde emergen lenguajes novedosos y dinámicos que permiten imaginar otras formas de actuar, otros caminos y futuros posibles. En San Andrés la burla al diálogo por parte de los representantes del gobierno contrastó con las dinámicas entre el equipo de asesores del EZLN y debates en los encuentros de la sociedad civil. En Chapultepec, las intervenciones de las y los portavoces de miles de víctimas de esta guerra apuntaron hacia otro vocabulario, arma necesaria para buscar salidas a este aparente callejón del encierro. Aportaron letras nuevas al alfabeto social.

Separaron lo admisible de lo inadmisible. Expusieron enfáticamente que son ellos, las familias agraviadas de las víctimas, quienes se plantan dignamente ante los criminales y ante la omisión y colusión de las autoridades para declarar ya no queremos más muertes. Expresaron lo que consideran adecuado y lo que es inadecuado. Fueron ellos y los que nos sumamos al reclamo quienes establecemos el criterio que distingue lo aceptable de lo inaceptable.

Julián LeBarón aportó otro elemento a la construcción de un nuevo sentido común, el reclamo por todas las víctimas: todos los muertos son nuestros, todos nos confrontan al fracaso del modelo social en el que sobrevivimos día a día. Ustedes nos dirán que esas víctimas son criminales, pero hay que ver quiénes fueron estas víctimas, dónde vivieron, bajo qué condiciones, en qué les fallamos. Vean bien nuestros rostros. Escuchen bien nuestras palabras. ¿Parecemos bajas colaterales, criminales?

Por último, las palabras de Norma Ledezma agregaron otro componente a este nuevo imaginario público, dotando de contenido la palabra justicia, al explicitar que no se puede construir la justicia sepultando el pasado. La justicia se inicia con una afirmación colectiva que asume a todos los muertos como nuestros, establece un mandato, un ¡ya basta!, y afirma criterios para que lo que sucede simple y sencillamente no siga sucediendo. Este vocabulario, producto de los encuentros y diálogos entre víctimas, sirve como una plataforma inicial para asumir los retos que tenemos por delante.

Este texto fue elaborado mediante un proceso colectivo de la Red de Feminismos Descoloniales



"Ustedes nos dirán que muchas de esas víctimas (40 mil) son criminales. Sin embargo, nosotros les decimos que aunque lo fueran, porque nadie nace criminal, son también víctimas que hay que reconocer para saber de dónde provienen y qué no les dio el Estado, y qué no les dimos la sociedad, para haber fracturado sus vidas".

Javier Sicilia.

27 junio, 2011

Por la libertad de expresión y en apoyo a Isaín Mandujano y Angeles Mariscal


Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de la República

Lic. Francisco Blake Mora

Secretario de Gobernación

Lic. Juan José Sabines Guerrero

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la CNDH

Navanethem Pillay

Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU

Sr. Ambeyi Ligabo

Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU

Margaret Sekaggya

Relatora Especial de la ONU sobre Defensores

de los Derechos Humanos

Santiago A. Cantón

Secretario Ejecutivo de la CIDH

Souhayr Belhassen

Presidente de la FIDH

Ana Hurt

Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional

A CENTROS Y REDES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES


EXIGIMOS DERECHO IRRESTRICTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MÉXICO

Los abajo firmantes, ONGs, Organizaciones Sociales y ciudadanas-os de Chiapas y de México queremos expresar y hacer pública, nuestra preocupada indignación por los hechos de hostigamiento, cada vez más frecuentes, ejercidos en contra de los periodistas Ángeles Mariscal (excorresponsal de la Jornada y actua corresponsal de la cadena CNN) y, sobre todo, en contra de Isaín Mandujano (corresponsal de la revista Proceso).

Chiapas es una entidad donde la violación al Derecho a la Información se da diariamente de forma por demás sutil, a través de un control absoluto de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, en particular, de la prensa impresa. Salvo honrosas excepciones, los periódicos y revistas estatales se encuentran plagados de propaganda, boletines y comunicados oficiales de prensa, disfrazados de “noticias”, a través de las cuales realizan una verdadera labor de desinformación y manipulación, pintándole a la opinión pública una situación social que se encuentra totalmente lejos de la realidad.

Inclusive periódicos críticos de distribución nacional, como La Jornada, han caído en el juego de publicar frecuentemente boletines oficiales del gobierno de Chiapas, como si fueran “noticias” y “reportajes” escritos -según- “por la Redacción”.

Subsidios, pago generoso de publicidad oficial y “regalos”, parecen ser los eficaces mecanismos para ejercer tal control.

De acuerdo a testimonios de periodistas honestos y críticos, en Chiapas les pagan por no publicar. Las notas y reportajes críticos en los que estos periodistas denuncian la situación real prevaleciente en la entidad, son recibidos y pagados por sus medios, pero –la inmensa mayoría de las veces- no son publicados.

En ese contexto, varios de estos periodistas críticos y objetivos, han encontrado en las llamadas Redes Sociales, un medio libre para difundir denuncias e información acerca de la realidad chiapaneca. Y sobre de ellos-as se han desatado intentos de represión directa, como fue el caso de Héctor Bautista, activista del software libre, a quien burdamente se le sembraron “pruebas”, por las que pasó 40 días preso, acusado de liderear una “banda dedicada a la pornografía infantil”, siendo finalmente absuelto y liberado gracias a la denuncia y presión social.

Hoy día un caso semejante de represión y de atentado contra la Libertad de Expresión y en contra del Derecho a la Información, se presenta contra el periodista Isain Mandujano Camacho, quien recientemente ha sido señalado en un boletín de la Procuraduría estatal, como co-autor intelectual en una investigación abierta “por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas, derivado de la agresión que sufriera durante las primeras horas del pasado domingo (19 de junio) el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann”.

Ante estos hechos,

EXIGIMOS

1º. Respeto irrestricto por parte del gobierno de Chiapas, a la Libertad de Expresión y del Derecho a la Información, consagrados tanto en los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución Política; en los Arts. 18º y 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; como en los Arts. 18º y 19º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en el Art. 13º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

2º. Cese inmediato de toda acción de hostigamiento, amenazas y presión, ejercida contra periodistas y comunicadores que difundan –por medios de comunicación masiva y/ó redes sociales de Internet- denuncias e información crítica sobre la realidad social del estado de Chiapas.

y

3º. Se realice una investigación judicial honesta, objetiva, transparente y pública, relativa al caso del Sr. Jacobo Elnecavé Luttmann, sin pretender efectuar una siembra de pruebas en contra del periodista Isaín Mandujano Camacho.

A T EN T A M E N T E


Organizaciones

Agencia Informativa IK Balam (México, DF)

Colectivo 99.1 Frecuencia Libre de San Cristóbal (Chiapas)

Colectivo de Organizaciones en defensa del Patrimonio Natural y Cultural de San Cristóbal (Chiapas)

Colectivo Feminista Mercedes Olivera, AC (COFEMO) (Chiapas)

Colectivo La Puerta Negra (Chiapas)

Comité Nacional para la defensa y Conservación de los Chimalapas (México, DF)

Cooperativa Jolom Mayaetik (Chiapas)

Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, AC (EAPSEC) (Chiapas)

Fraternidad para el Desarrollo Social A. C (México, DF)

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A. C (COLEM) (Chiapas)

Kinal antsetik, A.C. (Chiapas)

Maderas del Pueblo del Sureste, AC (Chiapas)

Melel Xojobal AC (Chiapas)

MOCRI CNPA (Chiapas)

OCEZ Región Carranza (Chiapas)

Proyecto Carta Mesoamericana (México, DF)

Red de Defensores Comunitarios (Chiapas)



Ciudadanas-os

Alejandro Mosqueda (Chiapas)

Araceli Burguete Cal y Mayor (Profesora-investigadora CIESAS-Sureste)

Gabriel García Salyano (Chiapas)

Guillermo Antonio Pérez García (México DF)

Héctor Javier Sánchez (Investigador de Ecosur) (Chiapas)

Itzel Silva Monroy (Guerrero)

Karla Michell Solórzano Rodriguez (Pasante de Derecho – UIA México DF)

Luis Alberto García Aguirre (México DF)

Maritza Kramsky (Chiapas)

Martha Gpe. Figueroa Mier (Chiapas)

Mercedes Osuna (Chiapas)

Miguel Angel García Aguirre (Chiapas)

Natasha von Berner (Pasante de Diseño – UIA México DF)

Obed Hernández de León (Chiapas)

Pedro García Mireles (Chiapas)

Silvia Vázquez Díaz (Chiapas)



Ccp.- Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno

Ccp.- Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Ccp.- Lic. Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del estado de Chiapas

Ccp.- Senadora Rosario Ibarra - Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Ccp.- Consejo Estatal de Derechos Humanos

24 junio, 2011

Acoso a los periodistas Ángeles Mariscal e Isaín Mandujano

¿Qué está pasando en Chiapas en torno a los periodistas Ángeles Mariscal e Isaín Mandujano?


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Junio del 2011


Al público en general

Desde hace más de 15 años Ángeles Mariscal quien durante 16 años fue corresponsal de La Jornada en Chiapas y yo con 13 años en la corresponsalía de la Agencia y Revista Proceso, hemos hecho un periodismo crítico, un periodismo al servicio de los grupos más vulnerables, dando voz a campesinos, indígenas, mujeres agraviadas, obreros, activistas de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y todo aquellos grupos que rara vez tienen voz en los medios controlados por el gobierno en turno de Chiapas.

Por esa línea editorial, a lo largo de estos más de 15 años en el periodismo chiapaneco siempre hemos recibido de las instituciones gubernamentales y sus funcionarios la exclusión y marginación en cuanto al acceso a la información, portazos en las narices cuando pretendemos solicitar una entrevista, intentos de sobornos, amenazas, linchamientos mediáticos, pero nunca la situación estuvo tan grave en torno a nuestra persona y labor como lo ha estado en los cuatro años y medio de la administración actual del gobernador Juan Sabines Guerrero.

Los gobiernos que han pasado estos años que tenemos de ejercicio en el periodismo chiapaneco nos han estigmatizado como voceros de sus enemigos políticos en turno como una forma fácil de pretender descalificar nuestra labor.

En una primera etapa de agravios se nos niega información pública, se nos niega la versión oficial cuando ocurren incidentes en la cual debamos constatar todas las visiones de un hecho, nos cierran las puertas en reuniones o eventos que deberían ser públicos, se nos niegan entrevistas, nos excluyen de conferencias en las que sólo aceptan a medios sujetos a la línea impuesta por el gobierno de Chiapas, todo esto que contradice la Ley de Derechos para el Ejercicio Periodístico que el propio Sabines Guerrero creó en agosto del 2007 y sus propios subordinados desacatan.

A la par de esa dinámica, desde el 2007 se ha echado mano de personeros del gobierno de Chiapas, para arremeter contra nosotros y se nos ha emprendido una campaña mediática, tanto en la radio pública gubernamental como en medios impresos y medios digitales, como webs, blog y redes sociales.

Han habido momentos que se han incrementado estos ataques y aunque han bajado de nivel, nunca ha desaparecido. Siempre permanente, siempre en la mira, siempre monitoreados por los servidores públicos intolerantes a la crítica para luego arremeter en la menor oportunidad.

Sin lograr su objetivo, bajo engaños pretendieron “videoemboscarme” a mediados del 2007 en situaciones que podrían comprometerme con mi empresa y mi pareja.

Mis apariciones en la revista Proceso, pero sobre todo mis notas informativas que suben a diario en la web de la revista causan tal incomodidad que en muchas ocasiones eran motivos de llamadas telefónicas en las que pretendían reclamarme hasta que como vieron que éstas no daban los resultados esperados dejaron de hacerlas.

En reuniones con el subsecretario de gobierno del estado, Nemesio Ponce Sánchez, después con el titular del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, Jaime Culebro Guillén y luego con el gobernador Juan Sabines Guerrero, en ese orden de aparición en el 2009 y principios del 2010, hubo todo tipo de ofrecimiento hacia mi persona desde la amistad hasta apoyos para crear mi propio medio, espacio en la radio y televisión oficial y otras ofertas que agradecí amablemente con el argumento que lo único que esperaba de ellos era respeto y tolerancia.

No conforme con la exclusión, se originó la embestida con amigos muy cercanos, que han apoyado mi misión en la realización de cursos y talleres sobre periodismo digital en Chiapas. El activista del software libre Héctor Bautista fue detenido por la PGJE de Chiapas en noviembre tras una supuesta denuncia anónima, le pretendieron sembrar miles y miles de imágenes de pornográficas, todo por ser prestador de servicio de hosting de mi amigo Antony Flores con su web infochiapas.com donde se dijo que Chiapas tenía la mayor deuda pública en 16 años.

Tras 40 días preso, gracias al apoyo de las redes sociales y de cientos de activistas, blogueros, tuiteros, feizbukeros y compañeros periodistas como Fátima Monterrosa y Denise Maerker, por fin logramos la libertad de Bautista cuando más fuerza tomaba el movimiento de protesta. Bautista salió libre y ahora está ajeno a todo tras la pesadilla que vivió por el abuso del poder.

La embestida no sólo fueron contra Bautista y Flores, también se arremetió en contra de Raúl Ríos Trujillo, a quien con el impulso del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, también le abrieron una averiguación previa por una campaña de denuncia de baches para que la autoridad pusiera manos a la obra en su reparación que se gestó en las redes sociales y las autoridades municipales la entendieron como una campaña para ridiculizarlos, si bien no fue a prisión fue presionado para borrar toda evidencia de esa campaña y silenciado.

A raíz que de que entendieron la fuerza de las redes sociales, servidores públicos del gobierno de Chiapas tomaron por asalto esta herramienta en la que evidentemente estaban siendo rebasados. Se dieron a la tarea de contratar personal especializado en ello y empezaron a crear cuentas falsas o anónimas de blogs, webs, twitter, facebook, videos en Youtube, desde donde continuaron su embestida mediática.

Uno siempre da por hecho de que las líneas telefónicas están intervenidas, pero a través de cuentas de twitter me hacían constatar detalles de charlas y conversaciones de un día anterior había hecho sólo por esa vía. De forma extraoficial me dijeron que el equipo de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGJE era utilizada para el espionaje de políticos, empresarios y periodistas.

Algunas de las cuentas en twitter son @El_ObservadorV @Sneutron @noti_chiapas @rumaldochis @donchoma2010 entre otras más. Ofensas vulgares y obcenidades reflejan la ira a nuestra labor como Blogs como http://chiapascentral.blogspot.com, http://gabtcama.blogspot.com o http://realchiapas.blogspot.com/ son tan solo algunos que ha tan pronto como son descubiertos desaparecen.

Por otras webs que usaron como trincheras interpusimos una denuncia penal en agosto del 2010 pero nunca procedió la PGJE se declaró “incompetente” al carecer de policía cibernética situación que contrasta cuando sí procedieron contra Bautista, Flores y Ríos Trujillo, al igual que otro tuitero de nombre Fabricio Villegas, a quien intimidaron y huyo de Chiapas por temor a su vida y su seguridad, por hacer de las webs, blogs y redes sociales críticas al gobierno de Chiapas y algunos servidores públicos.

Al tener en nuestras manos las averiguaciones previas iniciadas en contra de mis amigos he podido constatar un denominador común, a los mismos servidores públicos empeñados en pretender defender la imagen del gobierno de Sabines, argumentando que somos “desestabilizadores”, “incitadores a la violencia” que podríamos crear un “caos social” y estatus de “animadversión” contra el gobierno de Sabines.

A través de amigos de los muchos que trabajan dentro del aparato de gobierno en Chiapas, me dijeron que se contrató a un grupo de jóvenes expertos en sistemas computacionales, cuya misión “es desmentir y atacar por cuestiones políticas”, al exgobernador antecesor de Sabines, a periodistas como el que esto escribe y organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, “a través de las redes sociales de internet”, los trajeron a Chiapas “bajo un contrato de confidencialidad y previa amenaza de graves consecuencias si alguno de sus integrantes público su trabajo.

Los hombres dedicados a la tarea de difamar y calumniar formaron “dos equipos de impacto, son dos equipos por que se cuidan que ningún integrante del otro equipo copie, distribuya o transmita archivos privados”, se vigilan mutuamente.

“Las actividades que se llevan acabo en este momento son a través de las redes sociales, blogs, correos electrónicos masivos y espionaje a celulares y Smartphones. Pensando en tu privacidad te recomiendo no utilices tu Blackberry para escribir o hablar sobre cuestiones no públicas, así mismo te recomiendo no utilices computadoras prestadas, que de preferencia utilices Windows 7 Ultimate con antivirus Kaspersky y navegador Mozilla Firefox, que acostumbres apagar tu equipo cuando no está en uso y evites usar tu Ubuntu pues si no tienes amplios conocimientos de redes se las pondrás más fácil por que en dos meses va a venir un hacker que traen de India y con las recomendaciones que te doy será difícil que logren penetrar en tus equipos”, me reveló otra fuente vía anónima que mostró admiración a mi trabajo como periodista e indignado por los ataques hacia mi persona.

En su afán por pretender buscar algo que me incrimine han puesto de cabeza oficinas de comunicación social buscando supuestos documentos que prueben que cobré en el gobierno pasado o bien que cobró en instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas. Ante la impotencia han elucubrado falsificarlos.

El Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas presionó al diario donde Ángeles Mariscal trabajó 16 años y en este 2011 ya no le renovaron su contrato, afortunadamente fue liquidada conforme a derecho.

Cuando Mariscal pretendía trabajar como docente en la Universidad Autónoma de Chiapas, de pronto le cancelaron el contrato y le cerraron las puertas definitivamente, nada que tuviera que ver con ella o conmigo debería tener presencia en mi Alma Mater.

Ella siempre bajo el hostigamiento de servidores públicos del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas fue agredida por custodios y personal de los juzgados en el penal de El Amate el pasado 8 de junio cuando cubría una audiencia judicial. El jueves 23 interpuso su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y su denuncia penal en la Fiscalía para Periodistas de la PGJE de Chiapas.

Por mi parte, ese mismo día interpuse también una denuncia penal por una nota periodística pagada en medios impresos locales el domingo 19 donde se pone en grave riesgo mi integridad y la de mi familia al poner en boca de una exconsul de Honduras declaraciones que nunca hizo, en el sentido que echaría Los Zetas a los servidores públicos que provocaron su salida de Chiapas y de paso contra el periodista que estos escribe. Nada más falso. La inserción pagada tenía toda la manufactura del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas.

Como respuesta a nuestras demandas penales, ese mismo jueves por la tarde la PGJE emitió una misiva en la que refiere una investigación “por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas, derivado de la agresión que sufriera durante las primeras horas del pasado domingo el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann”.

El pasado sábado 18 en la noche o domingo 19 en la madrugada, fue agredido el señor Fausto Jacobo Elnecavé Luttman en un exclusivo bar de la ciudad, al que jamás he frecuentado en mi vida. Varias versiones me llegaron del incidente del que no presté atención, no lo expongo acá para no abonar a la confusión de las investigaciones aunque pretendan pervertirlas de oficio en la PGJE.

El citado comunicador social institucional ha sido antes titular del Instituto de Comunicación Social, asesor del gobernador en materia de medios, es actualmente titular del noticiero de la tarde en la radio y al televisión del gobierno de Chiapas. El vocero pues en los medios electrónicos. Además de oficialmente fungir como jefe de comunicación social de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Pretenden involucrarme en la citada agresión al comunicador institucional, dejando entrever que podría haber sido el autor intelectual, pues señala la PGJE que quienes lo agredieron actuaron a mi nombre. Esto es lo que yo considero la más burda y nueva acción para amedrentarme al no tener hasta ahora ningún otro elemento para hacer que mi labor sea censurada. Me deslinde de ataque alguno.

Como he conocido y documentado personalmente de como en Chiapas se abusa del poder, de la fuerza pública, como se doblan los jueces de consigna y como se retuercen las leyes en Chiapas, considero que no existen las condiciones para hacer un periodismo donde se garantice mi seguridad y principalmente la de mi familia expuesta a riesgos altos de agresiones.

Hasta ahora, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde ya tenemos abierta una queja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha estado dando seguimiento puntual a los agravios desde diciembre pasado, es lo que nos fortalece. Esto, aunado también, al gran apoyo de muchos ciudadanos, activistas, colegas periodistas, organizaciones y demás personas que conocen nuestra labor.

Mis blogs y mi presencia en las redes sociales incomodan a los defensores de la “buena imagen” del gobierno de Chiapas. Por lo que no descartamos que pretendan implicarnos en otras denuncias o falsas acusaciones. Sabemos que en Chiapas todo conspira desde el aparato público en contra de lo que ellos consideran atenta contra sus intereses.

No reclamos más que respeto y tolerancia. Eso es todo. No más. Responsabilizo a las autoridades locales de todo agravio contra mi persona o cualquier miembro de mi familia, así como mis amigos cercanos que también viven con la advertencia de represión en lo laboral-

Isaín Mandujano Camacho.