El grupo de abogados, académicos e intelectuales que promueve la demanda contra Calderón, incluyó en ésta al capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Los responsabiliza a ambos de la escalada de muertes que ha dejado la guerra contra el narcotráfico impulsada por el presidente.
Acompañado de promotores de la demanda, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, explicó en conferencia de prensa que Calderón sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga son responsables de esos crímenes.
“Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes (…) son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana”, agregó.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, en el que se fundamenta la existencia de la CPI y al que México se adhirió en 2005, apuntó, el tribunal internacional tiene competencia para intervenir en situaciones que se configuran en México todos los días: desapariciones forzadas, reclutamiento de menores de edad en labores de narcotráfico, ejecuciones extrajudiciales cometidas por solados, la mutilación de enemigos “como una forma de intimidación, por los ataques a la población civil, el desplazamiento forzado de personas, las violaciones sexuales de mujeres y niñas, actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, ataques a centros de rehabilitación de enfermos, y el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración (INM)”.
Señaló que el último día para recibir firmas de apoyo será el 20 de noviembre.
El abogado explicó que los juristas que redactan la queja eligieron a la CPI porque es un tribunal que somete a juicio a las personas en lo individual y no como Estado.
Además, resaltó que en mayo de este año ciudadanos y abogados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para que ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos en relación a la guerra iniciada por Calderón, pero nunca hubo respuesta.
Sobre la inclusión de Joaquín Guzmán Loera explicó que de acuerdo con investigaciones del consultor de la ONU, Edgardo Buscaglia, sólo 2% de los presuntos capos del narcotráfico pertenecen al cártel de Sinaloa, “lo que hablaría de una guerra sesgada a favor de El Chapo”.
En su oportunidad, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Manuel Fuentes, recordó que en lo que va de la administración de Calderón la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 5 mil denuncias en contra de miembros de las fuerzas armadas.
Dijo, además, que existen 75 recomendaciones de la CNDH que están sin atender y que los testimonios de las víctimas podrían ser llevados a La Haya “para fortalecer las acusaciones, además de que estas mismas víctimas podrían exigir una reconsideración del tribunal si decide no actuar en contra de Calderón”.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, por su parte, puntualizó que “es hora de que los responsables de las carnicerías” vayan a juicio. Consideró que no es gratuito que el año pasado, Calderón “se desmarcó de la palabra ‘guerra’ para referirse al combate al narcotráfico, porque sabe las implicaciones que eso tiene en el derecho internacional, que puede ser llevado a juicio. Aunque ahora no hable de guerra, los hechos ahí están, hay una guerra contra el narco y contra la sociedad”.
En tanto, el abogado Julio Scherer Ibarra resaltó que la intención de impulsar la demanda es para “exigir un alto al fuero a los delincuentes y a las autoridades, para restituir el Estado de derecho y el juicio a los responsables de esta situación”.
El productor de televisión Epigmenio Ibarra, a su vez, aclaró que los firmantes de la denuncia no pretenden “que se pacte con el crimen organizado”, pues también condenan la saña de los criminales. Sin embargo, consideran que el despliegue de tropas sólo ha incrementado la violencia y que “la violencia ha fortalecido a los cárteles del narcotráfico”.
Destacó que al enviar a las tropas a la calle, se han convertido en blanco fácil de la corrupción, lo que ha dado lugar a la creación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “porque es más fácil matar a criminales que presentarlos ante un juez”.
En la presentación de la denuncia estuvieron también el caricaturista Rafael Barajas, El Fisgón; el director de la revista Contralínea, Miguel Badillo; la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Eréndira Sandoval, y Fernando Ríos, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Otros personajes que se han adherido a la denuncia son Jesús González Schmal; el periodistas Virgilio Caballero; los defensores Edgar Cortéz y Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; William Weaver, académico de la Universidad de El Paso, Texas; el académico de la Facultad de de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Octavio Rodríguez Araujo; Patricia Galeana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre otros.
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Aquí vas a la página donde puedes firmar la demanda.
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Aquí vas a la página donde puedes firmar la demanda.
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Texto integro del comunicado de los demandantes:
To: International Criminal Court- Corte Penal Internacional Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.
Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.
Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).
Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).
Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:
El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.
El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.
Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.
Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.
Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.
El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).
Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.
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